Semana 20. Discapacidad en Guatemala

 La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 14 de octubre de 1,992, la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad cada tres de diciembre, según resolución 47-3.

El tema de discapacidad en Guatemala aún es bastante débil y para las mujeres se torna más difícil; hay tres ámbitos de preocupación referente a las mujeres y las niñas con discapacidad: 

1. La violencia física, sexual y psicológica

2. La limitación de los derechos sexuales y reproductivos

3. La discriminación múltiple

4. La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual.

Las personas con discapacidad, la “minoría más amplia del mundo”, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida (como acceso a la información, al transporte y al trabajo) y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a las personas con discapacidad.

La capital y las ciudades de provincia están llenas de obstáculos para los dos millones 315 mil guatemaltecos con alguna discapacidad. Desagües sin tapadera, postes, teléfonos públicos y vehículos que obstruyen banquetas, y falta de sensibilidad humana constituyen, entre otros, barreras para personas que tienen dificultad para movilizarse.

Problemática

Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que el 15 por ciento de la población tiene alguna discapacidad.

Los tipos se definen por deficiencia física o motora, intelectual o cognitiva, visual, auditiva, sordoceguera, talla pequeña y múltiple, explica Diana Bonilla, de la Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Álex (Fundal).

El Estado debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad, tal como lo establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Guatemala en el 2008, recuerda Rosa Idalia Aldana, coordinadora de la Red Nacional de Personas con Discapacidad (Renadisgua).

“La sociedad debe alejarse de la mentalidad asistencial y de caridad, y vernos como personas productivas, al generar las oportunidades a nivel empresarial y abrir espacios laborales y de participación social”, añade.

Respecto de educación, en el 2013 se inscribieron 22 mil 716 personas con discapacidad, lo que representa solo el 4.83 por ciento de esta población. “Por la falta de recursos no se puede invertir en infraestructura accesible a los centros educativos”, indica Aldana.

Sin acceso

La disponibilidad de servicios de salud, educación y de trabajo es aún más reducida en la provincia. “Los índices de pobreza agravan la situación, así como la creencia de que la discapacidad es un castigo de Dios, y los prejuicios”, agrega Bonilla.

“Tenemos limitadas nuestras oportunidades de trabajo. El Estado, que debería ser modelo de inclusión laboral, no ha asumido el reto. Una medición del 2010 sobre áreas de empleo estableció que solo 0.39 por ciento de los trabajadores estatales tiene discapacidad”, explica

Sebastián Toledo, director del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad.

“Es más fácil marginar a una persona por lo que no sabe hacer que generar las condiciones para que lo haga bien”, dice Toledo. Arlen Cárdenas Palacios

“Ella es una bendición y un ejemplo de lucha”, Hace 13 años nació Arlen Cárdenas Palacios, quien a causa de una asfixia durante el parto tiene parálisis cerebral y baja visión. Por ende, no puede movilizarse por sí misma y no habla.

Su madre, Ana María Palacios de Cárdenas, se encarga de su atención diaria, así como de llevarla desde su casa, en Ciudad Satélite, zona 9 de Mixco, hacia Fundal, en Lomas de Portugal, donde se le educa para que realice acciones que para la mayoría serían sencillas, como sostener la cabeza, hacer movimientos o comunicarse mediante gestos.

 “Ella ha tenido grandes avances, por eso no dejo de llevarla. Ella entiende lo que le digo y pone más atención a las cosas”, dice.

El recorrido hacia ese centro educativo sería considerado un sacrificio para muchos, pero ella lo considera un reto. Antes de salir, coloca en un carruaje a Arlen y acomoda un cojín debajo de su cabeza. “No uso silla de ruedas porque no podría subirla al bus ni la pasarela”, agrega. Transita por un sinuoso camino de tierra. Son 10 cuadras hasta la parada de un microbús que la llevará a la ruta Interamericana. Le deja el carruaje a su esposo.

Casi a toda hora los vehículos van llenos. No hay lugar para que siente a Arlen, por lo que su madre la lleva en sus piernas. Si hubiera espacios disponibles, la niña se resbalaría al no poder sostenerse. Baja y sube gente. Se sienta cerca de la entrada a fin de que le sea fácil bajarse, ya que muchos conductores carecen de paciencia, pero debe levantarse varias veces para dejar pasar a los pasajeros. Con el ceño fruncido, Arlen demuestra su molestia.

Al bajar, lleva en brazos a su hija, que pesa unas 35 libras, por medio kilómetro. Al salir de Fundal, sube una pasarela para tomar un bus que la regresará a su casa. A falta de rampas, grada tras grada el esfuerzo se acrecienta, de la misma forma que el deseo de lucha. “Ella es una bendición para nosotros y un ejemplo. Si ella lucha cada día, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros”, dice Ana María.

Legislación Obsoleta

Según Renadisgua, la Ley de Atención alas Personas con Discapacidad 135-96 se cumple solo en 6 por ciento. Esa norma es obsoleta y no sanciona, dice Rosa Aldana, de Renadisgua.

Una propuesta de ley más incluyente está en el Congreso desde el 29 de octubre. “Lamentablemente es más importante aprobar bonos y endeudar más al país que beneficiar a dos millones 300 mil personas con discapacidad”, añade.

Situación social del país

A veintiún años de vida democrática y nueve de haberse firmado los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, nuestro país ha alcanzado importantes avances en cuanto a mejorar los niveles der Organización social y participación ciudadana. Sin embargo, continúa siendo necesario el fortalecimiento de la sociedad civil para que consiga articularse y mejorar sus capacidades de propuesta y negociación ante el Gobierno u otros entes de poder,para enfrentar la situación de pobreza y exclusión, que también constituyen los rasgos predominantes del contexto de las personas con discapacidad.

¿Cómo se manifiesta la discapacidad en Guatemala?

Cuando hablamos de discapacidad existen diferentes condiciones, es decir, formas en las que se puede manifestar. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS 2016), se estableció el siguiente estimado de personas mayores de 18 años que tienen limitaciones en las siguientes condiciones: La inclusión es un compromiso del Estado de Guatemala porque la Constitución Política de la República indica que: “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos”. (Artículo 4). En 2008, el Congreso de la República ratificó la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo que está dirigida a promover, proteger y asegurar el goce de todos los derechos humanos para las personas con discapacidad. Y al ratificarla, se convirtió en un compromiso del Estado.

Y por medio de la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, el Estado de Guatemala reconoce esta responsabilidad. Esta Ley es el instrumento legal que sirve para la atención de las personas con discapacidad para que alcancen su máximo desarrollo, su participación social y el ejercicio pleno de sus derechos y deberes.

Además, Guatemala es parte desde 1999, de de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con discapacidad. El objetivo de la misma es “la prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad” (Artículo 2). 

Para implementar la Convención y la Ley, el Estado asumió varios compromisos:

• Armonizar las leyes y los procedimientos administrativos que sean necesarios para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. Esto implica, si es necesario:modificar o derogar leyes, reglamentos, y realizar campañas de toma de conciencia para cambiar costumbres o prácticas que generen discriminación hacia las personas con discapacidad, según el artículo 4 de la Convención.

• Diseñar políticas públicas inclusivas.

• Incluir en las políticas y todos los programas, la protección Y promoción de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

• Asegurar que las personas en condición de discapacidade tengan acceso, al igual que las demás, al entorno físico, transporte, información y comunicaciones, incluidas lase tcnologías de información. Tanto en el área urbana como rural.

• Educar a la sociedad para generar la conciencia respecto

de los derechos a las personas con discapacidad.

• Ofrecer formas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para que accedan a los servicios que brindan las instituciones públicas.

Por ello existe la organización CONADI

Entidad autónoma con personería jurídica y patrimonio propio con carácter coordinador, asesor e impulsor de las políticas generales en materia de discapacidad.

Propósito: Coordinar, asesorar e implementar la política nacional en discapacidad para la integración e inclusión social de personas con discapacidad en igualdad de condiciones

Guatemala: personas con discapacidad ante oportunidad de salir de la exclusion

Guatemala es uno de los países con índice de desarrollo humano más bajo en la región de Latinoamérica, siendo también el único con niveles de pobreza en aumento en la pasada década. Aunque las personas con discapacidad continúan ausentes de dichos estudios, informes globales de situación hacen inferir la grave exclusión en la que se encuentran en Guatemala, un país mayoritariamente rural, indígena y en vías de desarrollo.

La escasez de servicios básicos de salud y rehabilitación, los mínimos niveles de acceso a la educación – principalmente segregada y en la lógica de la educación especial, la prevalencia del modelo de la institucionalización, el abandono, el desempleo, la violencia física, psicológica y sexual, fueron documentados ampliamente y presentados ante el Comité de la ONU (el Comité CRPD) que supervisa el cumplimiento de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en agosto de 2016, órgano que emitió una serie de recomendaciones para superar las graves deficiencias y avanzar con el reconocimiento pleno y cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

El presupuesto necesario para implementar la ley en caso sea aprobada, no rebasa el 1% del presupuesto nacional

El Comité CRPD recomendó que de manera urgente se cumpliera concretamente con dos medidas, con el propósito de iniciar el verdadero trabajo, incluyendo la erradicación de las prácticas generalizadas de seguir tratando a las personas con discapacidad como objetos de caridad y asistencia. Estas dos recomendaciones refieren a: (1) aprobar la iniciativa de ley con número de registro 5125, que propone una ley marco de personas con discapacidad y cuya formulación es congruente con el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad, y (2) elaborar y poner en práctica un plan para la eliminación del modelo de institucionalización de personas con discapacidad, especialmente de niños y niñas, adoptando las medidas necesarias para su inclusión plena en la comunidad en que vivan.

La iniciativa no. 5125 es el resultado de más de cuatro años de arduo trabajo en donde se contó con las contribuciones de técnicos y profesionales expertos en derechos de las personas con discapacidad y expertos en formulación de legislación y gestión parlamentaria. Después de una historia de invisibilización y exclusión estructural, dicha iniciativa pretende revolucionar al Estado mismo, proponiendo un sistema moderno, justo y adecuado a la realidad nacional, reconociendo en primer lugar que las personas con discapacidad son sujetos de derechos humanos, que no son una población homogénea sino muy diversa y dispersa, y por ello reconociendo que hay graves ausencias en los servicios básicos, en la prevención y combate a todas las formas de violencia incluyendo la estructural, la falta casi absoluta de accesibilidad a la infraestructura, el transporte, la información y comunicaciones, al desarrollo comunitario, y a la protección contra los malos tratos, el abuso, la explotación e incluso a actos considerados como tortura.

Esta iniciativa de ley también pretende facilitar la inclusión de niños, niñas y jóvenes con cualquier tipo de discapacidad, a la educación generalizada, a la vida en familia, a la participación política, al fomento del arte y la cultura y, en términos generales, a procurarles una vida digna. Es claro que todas estas aspiraciones y pleno cumplimiento de los derechos no se obtendrán de inmediato al ser aprobada la ley propuesta; sin embargo, la ley sería una herramienta fundamental para iniciar ese largo tránsito hacia el logro de un mundo más justo y equitativo.

Para que la iniciativa mencionada se convierta en ley vigente y obligatoria, el Congreso de la República debe aprobarlo en tres debates y una lectura final por artículos. En estos momentos, la iniciativa se encuentra pendiente de tercer debate y aprobación por artículos, etapa crucial debido a la necesidad de ser aprobada por mayoría calificada, es decir, que 105 de los 158 parlamentarios deberán votar a favor de su aprobación.

En esta etapa del proceso, el movimiento de personas con discapacidad y sus aliados han hecho un despliegue intenso de cabildeo, sin embargo, unos cuantos legisladores han cuestionado lo que ellos consideran un presupuesto demasiado alto para su aplicación. Hay que señalar que la iniciativa es de suma complejidad porque su propósito es una revolución estructural y, por tanto, sentar las bases de un Estado fuerte que responda a su compromiso por la inclusión y respeto de los derechos de las personas con discapacidad, pero aún subrayando este objetivo, el presupuesto necesario para implementar la ley en caso sea aprobada, no rebasa el 1% del presupuesto nacional, y esto distribuido en todas las instituciones del Estado, con el fin de atender mínimamente el reclamo por los bienes y servicios del Estado al los cuales tienen harto derecho el 15% de la población guatemalteca.

En este punto crucial, la voz disidente del diputado Fernando Linares Beltranena, abogado defensor de las causas más espúreas, caracterizado por su acostumbrada actitud despreciativa hacia las mujeres, los indígenas, quienes luchan por la justicia social, la comunidad LGBT y los jóvenes, ahora lo hace en contra de las personas con discapacidad, expresando despectivamente y con un estilo que hace recordar los exterminios en las cámaras de gas, que las personas con discapacidad “no valen la inversión del Estado y que solo representan un gasto para los contribuyentes”. Sin embargo, aunque Linares Beltranena se expresa abiertamente de manera tan descalificativa y peyorativa, no es el único diputado en el Congreso que piensa así.

Las personas con discapacidad se encuentran ante la gran oportunidad de revertir la exclusión y contar con valiosas herramientas para combatir la discriminación y la violencia, que viven cotidianamente y se ejemplifica con la actitud de funcionarios como el diputado aludido. Hay otros parlamentarios abiertos y con toda la voluntad de apoyar la aprobación de la iniciativa de ley. Ahora más que nunca es cuando las personas con discapacidad y sus aliados deben cerrar filas contra el rechazo, la marginación y la indiferencia. La oportunidad es única, apoya firmando la petición. 

https://www.youtube.com/watch?v=GfvVw4eNw7w 

https://www.unicef.org/guatemala/media/3496/file/Material%20para%20tomadores%20de%20decisiones.pdf

http://www.segeplan.gob.gt/downloads/clearinghouse/politicas_publicas/Grupos%20Vulnerables/Pol%C3%ADtica%20Nacional%20Discapacidad.pdf

https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/no-se-respetan-discapacidades-0-1258074188/

https://www.marn.gob.gt/noticias/actualidad/_Da_Internacional_de_las_Personas_con_Discapacidad_

http://globaldisability.org/2017/02/06/guatemala-personas-con-discapacidad-ante-oportunidad-de-salir-de-la-exclusion